La junta militar de Myanmar ejecutó a cuatro presos condenados a muerte. (Foto: DW)

CONMOCIÓN EN ASIA

La junta militar de Myanmar ejecuta a cuatro activistas en favor de la democracia

La junta militar de Myanmar ejecutó a dos destacados activistas a favor de la democracia y a otros dos hombres acusados ​​de terrorismo tras un juicio condenado por la ONU y grupos de derechos humanos.

Hechosdehoy / Arturo Vázquez Cano
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La junta militar de Myanmar ejecutó a cuatro presos, entre ellos dos políticos opositores, en lo que sería la primera aplicación de la pena de muerte en las últimas tres décadas.

En una breve nota publicada por la Agencia Nacional de Myanmar, controlada por el régimen castrense, las autoridades militares confirman que “el castigo ha sido realizado” mediante el método del ahorcamiento, sin precisar cuándo.

Los ejecutados incluyen al antiguo parlamentario de la Liga Nacional para la Democracia Phyo Zeyar Thaw y el activista Ko Jimmy, condenados en enero por cargos de terrorismo a raíz de sus actividades contra la junta. Los otros dos reos son Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw, acusados de haber matado a una mujer por ser supuestamente confidente de los militares.

“Extremadamente conmocionado y entristecido al leer la noticia de la ejecución de cuatro activistas en favor de la democracia”, apuntó en un mensaje de Twitter el autodenominado Gobierno de Unidad Nacional, opuesto a los uniformados, que reclamó a Naciones Unidas, la Unión Europea y el bloque de países del Sudeste Asiático “castigar a la junta militar por su crueldad y asesinatos”.

El régimen castrense, que tomó el control del país el 1 de febrero de 2021 mediante un golpe de Estado, anunció a principios de junio que retomaría la aplicación de la pena capital.

Una medida condenada por varios países como Francia, Estados Unidos y Canadá, además de las Naciones Unidas, así como cientos de organizaciones no gubernamentales locales e internacionales.

El último ajusticiamiento en Myanmar tuvo lugar en 1988, bajo la extinta junta militar que gobernó el país entre 1962 y 2011, según Amnistía Internacional.

Desde la asonada militar del 1 de febrero de 2021, 113 personas han recibido sentencias de muerte en Birmania, un país que no ha revocado la pena capital, pero donde los condenados veían sus condenas permutadas por penas de prisión tras los tradicionales indultos que las autoridades otorgan en fechas señaladas.

El golpe de Estado ha sumido a Birmania en una profunda crisis política, social y económica, y abrió una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.

Al menos 2.114 civiles han sido asesinados a raíz de la brutal represión ejercida por policías y soldados, que han disparado a matar contra manifestantes pacíficos y desarmados, según los datos recabados por la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, que no cuenta los fallecidos durante enfrentamientos armados ni las víctimas mortales vinculadas al régimen militar.

Conmoción por la crueldad de la junta militar de Myanmar al ejecutar a dos destacados activistas a favor de la democracia y a otros dos hombres acusados ​​de terrorismo, informaron los medios estatales el lunes, después de un juicio condenado por la ONU y grupos de derechos humanos.

El veterano activista por la democracia Kyaw Min Yu, más conocido como Ko Jimmy, y el exlegislador de la Liga Nacional por la Democracia Phyo Zayar Thaw fueron ejecutados, junto con Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw.

Sus muertes marcan las primeras ejecuciones judiciales en el país en décadas, y los grupos de derechos humanos temen que sigan más. Según Human Rights Watch, 114 personas han sido condenadas a muerte en Myanmar desde que los militares tomaron el poder en un golpe de estado en febrero de 2021.

El relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, Tom Andrews, dijo en un comunicado el lunes que estaba “indignado y devastado” por las ejecuciones.

“Mi corazón está con sus familias, amigos y seres queridos y, de hecho, con todo el pueblo de Myanmar que es víctima de las crecientes atrocidades de la junta”” dijo. “Estas personas fueron juzgadas, declaradas culpables y sentenciadas por un tribunal militar sin derecho a apelación y, según informes, sin asistencia letrada, en violación del derecho internacional de los derechos humanos”.

La directora interina de Human Rights Watch en Asia, Elaine Pearson, calificó las ejecuciones como “un acto de absoluta crueldad”, que “después de juicios militares sumamente injustos y políticamente motivados”.

“Esta horrible noticia se vio agravada por el hecho de que la junta no notificó a las familias de los hombres, quienes se enteraron de las ejecuciones a través de los informes de prensa de la junta”, dijo Pearson en un comunicado.

Un portavoz del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, dijo anteriormente que la ONU estaba “profundamente preocupada” por la decisión de ejecutar a los hombres, calificándola de “flagrante violación del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona”, refiriéndose a un artículo. en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Amnistía Internacional dijo que ha registrado un aumento “alarmante” en el número de sentencias de muerte en el país desde la toma del poder que, según dijo, estaban diseñadas para “sembrar miedo”.

Phyo Zayar Thaw, miembro de la cámara baja de la Liga Nacional para la Democracia en Naypyidaw el 24 de agosto de 2015.

“La sentencia de muerte se ha convertido en una de las muchas formas terribles en que el ejército de Myanmar intenta sembrar el miedo entre cualquiera que se oponga a su gobierno, y se sumaría a las graves violaciones de derechos humanos, incluida la violencia letal dirigida contra manifestantes pacíficos y otros civiles”, dijo la organización.

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