Seria advertencia y primera crisis entre Estados Unidos y El Salvador bajo el mandato de Joe Biden. En República Dominicana se asiste con atención a este choque entre Washington y San Salvador. Y al duelo de la vicepresidenta de Estados Unidos con el fenómeno Bukele.
Los analistas han subrayado el peso político de Kamala Harris en la relación de Estados Unidos con Centroamérica. Joe Biden quiere convertir a los diferentes paises –Guatemala. Honduras, El Salvador. Nicaragua y Costa Rica– en centro de la atención de Estados Unidos en ayudas económicas y políticas. Quiere devolver dignidad y peso a estos países en una nueva estrategia para acabar con los pasillos de emigración a México y luego a Estados Unidos.
Pero a la vez Estados Unidos va a ser especialmente vigilante en la exigencia de calidad democrática. Es ahí donde se enmarca el firme rechazo de Kamala Harris a la destitución de jueces en El Salvador.
La vicepresidenta de Estados Unidos expresó su profunda preocupación por la decisión del Parlamento de El Salvador, controlado por el partido de Nayib Bukele, de cedar a los jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general.
"Nos preocupa profundamente la democracia de El Salvador, a la luz de la votación de la Asamblea Nacional para destituir a los jueces del Tribunal Constitucional”, apuntó Kamala Harris en su cuenta de Twitter. "Un Poder Judicial independiente es fundamental para una democracia sana, y para una economía fuerte", sentenció.
El secretario de Estado, Antony Blinken, se comunicó personalmente con el presidente Bukele para expresarle su “profunda preocupación” por la decisión de la Asamblea Legislativa.
En una conversación telefónica, Blinken señaló que “un Poder Judicial independiente es esencial para la gobernabilidad democrática” y defendió que el fiscal general, Raúl Melara, también destituido, “es un socio eficaz” para combatir el crimen “tanto en Estados Unidos como en El Salvador”.
La Organización de Estados Americanos (OEA) también rechazó la decisión. “En la democracia las mayorías tienen la responsabilidad de ser garantes fundamentales para asegurar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”, señaló la Secretaría General de la OEA en un comunicado.
Advirtió que “cuando las mayorías imponen una visión única y uniformizada para el resto del sistema político, están socavando estos principios”. “Cuando las mayorías eliminan los sistemas de pesos y contrapesos en el marco institucional están alterando la esencia del funcionamiento del mismo”, subrayó la OEA.
El sábado, el oficialismo asumió la mayoría en el Parlamento de El Salvador para el periodo 2021-2024 y en su primera acción votó para destituir a los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general. Esta decisión obedeció al enfrentamientos de los jueces y el fiscal con el presidente durante el último año.
La destitución, que deja incompleto y sin presidente al Poder Judicial, fue aprobada por 64 votos de los 84 diputados, todos del oficialismo. Votaron a favor los partidos Nuevas Ideas (NI), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Partido de Concertación Nacional (PCN).
Los jueces destituidos son el presidente de la Sala de lo Constitucional y de la CSJ, Jose Armando Pineda. Y los jueces titulares Aldo Enrique Cáder, Carlos Sergio Avilés, Carlos Ernesto Sánchez y Marina de Jesús Marenco. Además de los jueces suplentes Rogel Zepeda, José Cristóbal Reyes, Jorge Alfonso Quinteros, José Luis Lobo Castelar y Sonia Elizabeth Cortez de Madriz.
La mayoría parlamentaria acusa a los jueces de haber emitido sentencias “arbitrarias”. Sin embargo, los jueces de esta sala, encargada de velar por el cumplimiento de la Carta Magna, declararon “la inconstitucionalidad del decreto de destitución” y denunciaron la intención de suprimir el control de los otros poderes del Estado.
Nayib Bukele acusó en más de una ocasión a los jueces constitucionales de retirarle facultades para atender la pandemia de la COVID-19.
Bukele había librado una batalla contra la Sala de lo Constitucional que le bloqueó al menos 15 normas relacionadas con la gestión de la pandemia a mediados del 2020, la mayoría sobre regímenes de excepción.
El tribunal consideró que vulneraba derechos fundamentales de la ciudadanía. En ese momento, el presidente aseguró que la sala le había impedido cuidar de la vida de sus compatriotas.
La Sala de lo Constitucional es una de las cuatro que componen la Corte Suprema, y resuelve demandas de inconstitucionalidad, habeas corpus y controversias entre los poderes del Estado.El asesor especial de Asuntos Hemisféricos en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Juan Sebastián González, repudió esta iniciativa por parte de la Asamblea Legislativa de El Salvador.