Martes 30 explosivo e incierto. Trazará con fuerza la personalidad de Roger Torrent, el sucesor de Carme Forcadell.
Sobre todas las posibilidades que se abren, hipótesis de escenarios políticos y proyecciones de futuro, hay un dilema de fondo. O se acepta la Constitución, el orden constitucional y la ley, y se empieza a construir la concordia y el entendimiento. O se elige la vía del precipicio que puede provocar una segunda fuga de empresas de Cataluña.
Los dos principales partidos independentistas, Junts per Catalunya (JxCat) y Esquerra Republicana (ERC,) -derecha nacionalista radical y euroescéptica, e izquierda populista republicana-, y también el socio necesario, la Candidatura de Unidad Popular (CUP) -la izquierda anticapitalista y antisistema-, a favor de la investidura de Carles Puigdemont.
Después de dudas, optaron por la via del choque político y el pulso constitucional.
Hay morbo y nervios. Carles Puigdemont mantiene el nisterio sobre si se presentará a primera hora de la tarde en el Parlamento de Cataluña. Si sigue en Bruselas, Roger Torrent ante graves dilemas y decisiones. Tiene que decidir si desobedece y prosigue con la investidura por una de las vías prohibidas por el Tribunal Constiticional, o rectifica, o se asienta en el tiempo muerto.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, subrayó en Los Desayunos de TVE que espera que el Parlamento de Cataluña cumpla la ley para volver a la "normalidad institucional y económica". Aviso al presidente de la Cámarra de las consecuencias que puede tener "desobedecer" lo dictado por el Tribunal Constitucional.
"Me gustaría que el Parlament de Cataluña acatase la ley. No se puede ser un prófugo y pretender que a uno le invistan presidente", destacó. Subrayó la importancia de la decisión del Tribunal Constitucional, que prohíbe la investidura a distancia de Carles Puigdemont y solo admite una investidura presencial, previa autorización del Tribunal Supremo.
"No sé si el Gobierno asumió riesgos, hizo lo que tenía que hacer y volvería a hacer lo mismo", sentenció negando que desde el Gobierno se hicieran "llamadas" al Tribunal Constitucional.
