Los daños políticos son evidentes. La corrupción política fue una bola de nieve que comenzó en el caso Gürtel, siguió con el caso de los ERE y acabó en el escándalo de las tarjetas black. Junto al paro permanece como la segunda cuestión que más preocupa a los ciudadanos. En las elecciones autonómicas en Andalucía, las encuestas han indicado que es la corrupción política una de las cuestiones que va a castigar al Partido Socialista (PSOE) y al Partido Popular (PP).
El juez Pablo Ruz, que instruye el caso Gürtel desde 2010, acordó la apertura de juicio oral para sentar en el banquillo a 40 personas, que serán juzgadas por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal.
Los magistrados juzgarán la más extensa trama de corrupción política vinculada a un partido conocida en democracia. El escándalo ha costado el puesto a dos decenas de cargos del Partido Popular, entre alcaldes, diputados, consejeros, directores generales, un senador y un diputado nacional.
Los hechos por los que Pablo Ruz sienta en el banquillo a 40 personas se refieren a la actividad de la trama empresarial Gürtel entre 1999 y 2005, cuando recibió cientos de contratos a dedo o en concurso amañados de administraciones gobernadas por el Partido Popular y repartió grandes cantidades de dinero para pagar los favores a los altos cargos imputados.
El juez ha fijado 449 millones de euros de fianza para 36 de los imputados en concepto de multas y responsabilidad civil. La más elevada se fija para Luis Barcenas, que deberá depositar 88 millones y su esposa Rosalía Iglesias 22 millones. Francisco Correa, el cerebro de la trama, tendrá que hacer frente a 60 millones; y su lugarteniente, Pablo Crespo.
El magistrado también abre juicio oral contra la ex ministra de Sanidad Ana Mato, y contra el propio Partido Popular en condición de participes a título lucrativo. El auto de apertura de juicio oral fija una fianza de 245.000 euros para el PP y 28.467 euros para Ana Mato.
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