La Fiscalía General del land de Schleswig-Holstein también ha pedido que Carles Puigdemont siga en prisión por "riesgo de fuga", mientras se tramita la entrega a España. La decisión última queda en manos de la audiencia territorial de Schleswig-Holsteinische.

Según el comunicado de la fiscalía, la acusación de rebelión se sostiene en la celebración del referéndum contrario a la Constitución pese a que se podían esperar disturbios violentos.

El ministerio público alemán considera que esta actuación tiene su correspondencia "en los artículos 81 y 82 del código penal alemán, en los que se recoge el delito de alta traición".

Pese a que los términos que utiliza la ley alemana y el Código Penal español sobre la alta traición y la rebelión no son exactos, la fiscalía considera que "no es exigible que los delitos sean absolutamente coincidentes".

En su comunicado, la fiscalía expone además la acusación de malversación de fondos públicos que "según la apreciación de la autoridades españolas, incluye el uso de dinero público para la puesta en marcha de un referéndum inconstitucional".

Además, hace un relato de lo ocurrido en una reunión celebrada el 28 de septiembre con altos cargos de la policía autonómica, en la que se decidió la celebración del referéndum del 1 de octubre y señala que ya se había alertado a las fuerzas policiales, "a la vista de los desórdenes con violencia que ya habían tenido lugar el 20 de septiembre" por lo que, según la fiscalía, "se podía esperar una escalada de la violencia para el día del referéndum".

Aun así, sostiene el comunicado, "el gobierno autónomo de Cataluña, y entre ellos también el presidente, decidió dejar que se celebrara el referéndum".

La fiscalía recoge cómo los costes se cifran en 1,6 millones de euros, según las autoridades españolas. "Este dinero se utilizó, entre otras cosas para la puesta en marcha de la campaña publicitaria así como para la impresión de papeletas".