Nuevo varapalo por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El organismo ha dictaminado que el céntimo sanitario, l impuesto sobre los carburantes que aplican 13 comunidades autónomas y cuyos ingresos se destinan a financiar la sanidad, vulnera la legislación comunitaria.

La sentencia sigue el criterio establecido por el abogado general y señala que el impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos (IVMDH) no respeta la directiva sobre los impuestos especiales. Asimismo, los jueces señalan que “no procede limitar en el tiempo los efectos de esta sentencia, ya que el Gobierno español y la Generalitat de Cataluña no obraron de buena fe al mantener este impuesto en vigor durante más de diez años”.

Esto significa que España podría tener que devolver 13.000 millones de euros recaudados ilegalmente entre 2002 y 2011. El fallo responde a un litigio iniciado por la empresa de transporte Jordi Besora S.L. establecida en Cataluña, que solicitaba que se le devolvieran los 45.000 euros que tuvo que pagar por este impuesto alegando que era ilegal.

El caso acabó ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que había pedido a la justicia europea que se pronunciara. De esta manera, argumenta que el IVMDH no persigue una finalidad específica y no puede usarse para financiar el gasto sanitario general, porque no hay "un vínculo directo entre el uso de los rendimientos y el fin del impuesto en cuestión".

En este sentido recalcan que sería válido si un impuesto sobre el tabaco, por ejemplo, se dedicará a financiar los tratamientos contra el tabaquismo. La Justicia europea tampoco limita sus efectos “por las consecuencias financieras que podrían derivarse para un Estado miembro" y explica que si esto fuera así "las violaciones más graves recibirían el trato más favorable al entrañar consecuencias económicas más cuantiosas".

Todas las comunidades autónomas cobran este impuesto especial cedido por el Estado que se creó en 2002 excepto Aragón, La Rioja, País Vasco y Canarias, que tienen los precios más baratos del combustible. En las 13 comunidades autónomas que lo aplican oscila entre 1,2 y 4,8 euros por litro de carburante.

Asimismo, dicho impuesto alcanza su valor máximo de 4,8 céntimos tanto para gasolina como gasóleo en nueve comunidades autónomas, que son Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Valencia, Cataluña y Baleares. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, asegura que "como no puede ser de otra manera, somos Europa y acatamos completamente esa sentencia".

Desde su punto de vista, Montoro considera que el TJUE "no está desautorizando al Gobierno español, sino a la Comisión Europea que fue quien autorizó al Gobierno español y a las comunidades autónomas para implantar este sistema que hoy ya no existe y que no se está aplicando”.