Nuevo capítulo en el caso de la Caja de Ahorros de Mediterráneo (CAM). Esta vez ha sido la Fiscalía Anticorrupción quién se ha sumado a CAM a la hora de pedir prisión para dos de los principales sospechosos de crear el agujero de la caja. Al contrario que la entidad, el Ministerio Fiscal carga contra Roberto López Abad, ex director general de la caja.
Para éste pide cuatro años de cárcel además de una indemnización al Banco Sabadell de 1,5 millones de euros. Asimismo, Anticorrupción decide rebajar la pena a la que tendría que hacer frente el ex presidente de la Comisión de Control, Juan Ramón Avilés, a dos años y medios.
A la par que estas peticiones, la Fundación CAM también pide seis años de cárcel y una multa de 146.000 euros para López Abad; y diez años de prisión, 146.000 euros de multa y una indemnización de casi 5 millones a Avilés, que pasaría al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
Al primero de ellos se le atribuye un delito de apropiación indebida mientras que al expresidente de la Comisión se le suma un delito de contrato simulado en perjuicio de CAM. Así lo ratifica el escrito de acusación de Carlos Gómez-Jara, abogado designado por el FROB para la caja en cuestión. Junto a ellos, también se pide que se sienten en el banquillo cuatro familiares de Avilés y 20 exconsejeros de CAM.
Todo ellos con el objetivo de que devuelvan a la Fundación dietas cobradas indebidamente valoradas en 561.000 euros. Los motivos principales serían supuestas irregularidades en el cobro de dietas y en la concesión de créditos por valor de 17 millones. Asimismo, fuentes jurídicas informaron de la existencia de un existe un escrito en el que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria acusa a Avilés de apropiación indebida y administración desleal.
En dicho escrito también se acusa a López Abad de administración desleal. Las mismas fuentes precisaron que probablemente la Fiscalía Anticorrupción presentará el mismo miércoles su escrito de acusación. El pasado 9 de enero, el juez dio el primer paso para sentarles en el banquillo tras transformar las diligencias en el “procedimiento abreviado en un auto en el que apreciaba "indicios de criminalidad" en la conducta de los dos exdirectivos”.
Dicha investigación que se desarrolló paralelamente a la causa principal de la CAM, se centra en la averiguación las condiciones en las que la entidad concedió créditos a Avilés, para lo que el magistrado tomó declaración a exdirectivos y exconsejeros de la entidad, incluido el vicepresidente del Gobierno de Murcia y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal Roldán.
Asimismo, el exdirectivo está imputado por la concesión de créditos por valor de 16,6 millones de euros en condiciones ventajosas para empresas vinculadas a él mismo. Entre ellas destacaba la venta de acciones de La Vereda de Sucina, una sociedad acreditada de la CAM con un riesgo de 14 millones.
Dicha venta favoreció que se refinanciaran los préstamos de la sociedad que mantenía con la CAM, créditos que llegaron a suponer una pérdida de 4,92 millones de euros para la caja de ahorros, y que actualmente se encuentran impagados, según lo comunicó el Banco Sabadell el 27 de noviembre.
