Un documento de Naciones Unidas acusa a la dictadura de Díaz-Canel de detenciones arbitrarias y de mantener a ciudadanos privados de su libertad sin causas y sin acceso a una debida defensa. La mayoría de los arrestos se produjeron tras las manifestaciones del 11 de julio.

El 3 de octubre se hizo pública una carta a Miguel Díaz-Canel redactada por cinco relatorías de las Naciones Unidas:

– la de reunión pacífica y de asociación.

– la de detención arbitraria.

– la de desapariciones forzadas o involuntarias.

– la de libertad de opinión y de expresión.

– la de tortura.

Se han denunciado especialmente las detenciones arbitrarias después de las manifestaciones del 11-J. Y  la situación procesal de los detenidos, que en la gran mayoría de los casos no cuenta con las mínimas garantías para la defensa.

"Las fuerzas de mantenimiento del orden público, así como personas vestidas de civil, comenzaron a utilizar fuerza de manera excesiva, incluida la violencia física, entre ellas para ingresar personas en vehículos policiales. Adicionalmente fueron golpeadas personas periodistas que cubrían la manifestación”, señala la carta de la ONU.

“Decenas de las personas que dr manifestaron han sido detenidas, y ya han sido juzgadas y condenadas, en procedimientos judiciales sumarios, en los que se han reportado irregularidades como falta de acceso a un abogado y a los medios y al tiempo necesario para preparar una defensa”, subraya la ONU.

Octubre de 2020 comenzó con 138 presos políticos, y hasta el final de septiembre de 2021 ingresaron 387 nuevos casos.

Ahora, según la ONG Prisoners Defenders, se han podido constatar 442 casos de convictos y condenados políticos que están activos al día de hoy. De estos 442, 228 pertenecen a la represión policial relacionada al 11-J. Sin embargo, la misma ONG hace hincapié en lo complicado que es abarcar todos los casos por las múltiples trabas que impone el régimen y la situación del país.

Entre ellas se destacan, por ejemplo, la censura absoluta del Estado y su reticencia a transparentar la cifra oficial de detenidos por las manifestaciones del 11-J, la detención de activistas de organizaciones civiles que se encargan de estos casos y el miedo que tienen las familias de hablar por las constantes amenazas que reciben.

También influye negativamente la sanción del Decreto-Ley 370 que regula el uso de internet y de telecomunicaciones y permite cancelar los servicios de los usuarios arbitrariamente.

Además, la población está inmersa en una crisis económica tan gigantesca que la situación represiva pasa a segundo plano para aquellos que no la viven en carne propia y deben preocuparse casi exclusivamente por que comer al día siguiente.

Del centenar de detenidos por el 11-J han salido en libertad 38 personas. Estos casos significan un reconocimiento tácito del régimen de que la razón de su detención fue infundada y que no había justificación para que esa persona haya pasado, y continúe haciéndolo, semanas o meses privado de su libertad.

Sin embargo, la gran mayoría de quienes pudieron volver a ver la libertad lo hicieron con elevadas multas o con condenas de trabajo comunitario.

El modus operandi de la dictadura en estos casos de detenciones políticas se centra en los procesos sumarios por Atestado Directo, la versión aún más abreviada del juicio sumario. Así lo anunció la Fiscal Jefe de la Dirección de Procedimientos Penales de la Fiscalía General del Estado, Lisnay Maria Mederos Torres.

Este tipo de procesos se producen entre 48 y 96 horas después  de la detención y son exclusivos para delitos cuya pena máxima es de 1 año de prisión. S

in embargo, no existe un límite a la cantidad de delitos por los que puede ser juzgada una persona en estos procesos, por lo que alguien que enfrenta cuatro cargos podría ser condenado a cuatro años de prisión en 48 horas sin tener acceso a una defensa. 

Estos juicios son más policiales que judiciales, ya que se pasa de la investigación policial al juicio oral sin acusación fiscal ni proceso, y no le aseguran al acusado casi ninguna garantía procesal.

Los casos que no se resuelven mediante este procedimiento se solucionan a través de juicios sumarios, pero estos no son iguales a los de otros sistemas judiciales ya que, de nuevo, no se respetan las garantías del debido proceso.

Un ejemplo claro de esto es que, al juicio ser oral por definición, no se entrega acta de sentencia al acusado que transcriba la argumentación del juez. Esto dificulta enormemente la preparación de la defensa pensando en las apelaciones a futuro y en las instancias posteriores del proceso.