El Gobierno propuso a Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, actualmente al frente de la Fiscalía de la Sala Coordinadora de Menores, como nueva fiscal general del Estado, en sustitución de Eduardo Torres-Dulce. Con esta decisión, el Ejecutivo cierra la crisis que se generó por la salida de Torres-Dulce que dejó el cargo por motivos personales.
Desde que Torres-Dulce anunciara su dimisión, se han barajado varios nombres para sustituirle. El presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional y actual vocal del Consejo General del Poder Judicial, Fernando Grande-Marlaska o la fiscal de Sala Pilar Fernández Valcárcel, encargada de la protección de las víctimas del terrorismo.
Los dos cayeron de la lista de candidatos ya que según las últimas informaciones, el primero porque “sería desvestir la presidencia de la Sala Penal” y la segunda porque no obtuvo los votos suficientes. El candidato tendrá que cumplir los requisitos de ser un jurista español de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión.
Aunque se barajan varios juristas para sustituir a Torres-Dulce, todos ellos de nombres de fiscales en activo o en excedencia, el Ministerio de Justicia no adelantó ningún nombre aunque se da por hecho que tanto el PP como el PSOE se pusieron en contacto para dar con el candidato final.
Tras la elección del candidato, el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene previsto reunirse el lunes para estudiarlo. El Estatuto del Ministerio Fiscal establece que el fiscal general del Estado será nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial.
En dicha reunión, el Poder Judicial eniendo en cuenta si el candidato propuesto por el Ejecutivo cumple los requisitos de ser un jurista español de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión. Cuando el Gobierno tenga el informe del CGPJ, comunicará su propuesta al Congreso de los Diputados y el candidato comparecerá ante la Comisión de Justicia de la Cámara baja.
Cuando sea nombrado, el fiscal general prestará ante el Rey su juramento o promesa y tomará posesión del cargo ante el pleno del Tribunal Supremo. Desde el mismo momento en que el Gobierno acepte la renuncia de Torres-Dulce, y hasta el nombramiento de su sucesor, será sustituido por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas.
Tras la renuncia de Torres-Dulce alegando motivos personales tras sus desencuentros con el Ministerio de Justicia, se especuló con la posibilidad de que fuera el Gobierno quien hubiese propinado su marcha. Desde el Ejecutivo se negó la existencia de presiones para que Torres-Dulce abandonara el cargo, posibilidad con la que se comenzó a especular tras la polémica en la que se vio envuelta la Fiscalía durante la elaboración de la querella contra el presidente catalán Artur Mas por el 9N.
