El primer ministro encareció a todos sus ministros que no echen gasolina al fuego que prendió Carles Puigdemont nada más poner pie en Bruselas. El análisis de Charles Michel, y coincide con el expresidente del Gobierno, Felipe González, apunta a la astracanada, el show o el vodevil. Los Morancos, con humor, lo retrataron.

Desde Buenos Aires, Felipe González,  al asistir al XVIII Foro Iberoamérica, un grupo de debate de alto nivel con políticos y empresarios, analizó el momento en declaraciones a El País, Clarín y Radio Continental. Destacó que la justicia es independiente y responsabilizó a los dirigentes catalanes por su actitud. En especial a Carles Puigdemont, al que llamó abiertamente "cobarde" por haberse refugiado en Bruselas. 

La precisión de Geens

Por su parte, el ministro belga de Justicia, Koen Geens, dijo que el procedimiento abierto con la orden de arresto europea emitida contra el expresidente catalán y cuatro de sus exconsejeros es "completamente judicial" y que en él no participa el Gobierno.

En un comunicado divulgado en su cuenta de Twitter, Geens explicó que la extradición ya no existe entre los Estados miembros de la Unión Europea, dado que se sustituye por la Orden de detención europea (EAW), que se aplica desde 2004.

"El procedimiento es completamente judicial: a diferencia de la extradición, el Poder Ejecutivo no participa en el procedimiento de la EAW. Todo se hace a través de contactos directos entre las autoridades judiciales", recordo.

Añadió que las causas de rechazo de una orden permanecen, "se definen con más precisión que en el régimen de extradición. En ciertas situaciones, todavía permiten rechazar la ejecución de una orden de arresto europea".

Añadió también que en el procedimiento de la orden de detención europea, la persona es privada de libertad tras recibirla y es escuchada por el juez de instrucción en un plazo de 24 horas, y es él quien decide si mantiene a la persona detenida.

Afirmó que, en principio, la decisión sobre la ejecución de la euroorden es adoptada por la Sala del Consejo en un plazo de 15 días, y tanto la fiscalía como la persona involucrada pueden apelar la decisión ante la División de Acusación, que tiene otros 15 días para tomar su decisión.

Por ello, añade, una decisión se toma en principio en segunda instancia dentro de los 30 días, aunque un recurso de casación todavía es posible, lo que puede alargar el tiempo.

La Decisión marco de la Unión Europea establece que la decisión final debe tomarse dentro de los 60 días, extendidos a 90 días en circunstancias excepcionales, subrayó el ministro.

Apuntó finalmente que "si la decisión es una decisión de ejecutar la orden de detención europea, la persona en principio será entregada a las autoridades del Estado de emisión (de la euroorden) dentro de los 10 días posteriores a la decisión de ejecución".