Joe Biden prohibió la entrada en Estados Unidos de Daniel Ortega. Esta medida se extiende al conjunto de su gobierno y a las personas claves de su Administración.

"Los actos represivos y abusivos del gobierno de Ortega y quienes lo apoyan obligan a Estados Unidos a actuar. La represión contra líderes de la oposición, líderes de la sociedad civil y periodistas en preparación para las elecciones presidenciales y legislativas nicaragüenses de noviembre de 2021 daña las instituciones y los procesos esenciales para el funcionamiento de una democracia. Las acciones autoritarias y antidemocráticas han paralizado el proceso electoral y despojado del derecho de los ciudadanos nicaragüenses a elegir a sus líderes en elecciones libres y justas", dijo Joe Biden fijando la política de la Casa Blanca.

"Los familiares y los medios de comunicación han informado de que algunos presos han perdido mucho peso durante la detención, no pueden caminar sin ayuda, han estado recluidos en régimen de aislamiento y son sometidos a frecuentes y extensos interrogatorios. El abuso físico y psicológico de los presos políticos a manos de la policía y las autoridades penitenciarias es intolerable y no se puede tolerar", recalcó Joe Biden.

La Casa Blanca denunció que la dictadura  de Ortega controla múltiples servicios de seguridad, incluidos parapoliciales no uniformados, armados y enmascarados, que abusan de las personas con el fin de promover la agenda autoritaria sandinista.

"Los funcionarios municipales, actuando bajo órdenes directas del régimen de Ortega, han dirigido la violencia contra manifestantes en sus comunidades y otros actores locales opuestos al régimen. Por ejemplo, alcaldes y alcaldías leales a Ortega han organizado y canalizado fondos estatales a grupos parapoliciales involucrados en la represión violenta. Estos funcionarios municipales ejercen un enorme poder político y una autoridad presupuestaria discrecional. El clima de miedo establecido y perpetuado por estos funcionarios municipales ha disminuido la posibilidad de elecciones libres y justas y ha socavado la democracia en Nicaragua", enfatizó Biden.

Por su parte el Departamento del Tesoro impuso sanciones al Ministerio Público de Nicaragua, así como a nueve altos cargos nicaragüenses, por su papel en la “represión contra los derechos humanos y las libertades fundamentales” tras la “farsa” de elecciones presidenciales del pasado 7 de noviembre.

Entre los sancionados figuran el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell Castrillo; el superintendente de Bancos e Instituciones financieras, Luis Angel Montenegro Espinoza; y el viceministro de Finanzas y Crédito Público,

Según la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, Andrea Gacki, el “régimen” de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, está usando “legislación e instituciones para detener a miembros de la oposición política y privar a los nicaragüenses del derecho a votar”.

Los funcionarios designados son “socios clave en las políticas antidemocráticas” de Ortega, indicó el Tesoro. Asimismo, el Tesoro considera que la oficina del Ministerio Público es “responsable o cómplice” de “acciones o políticas” encaminadas a “socavar los procesos o instituciones democráticos en Nicaragua”.

También son sancionados los alcaldes de las ciudades de Jinotega, Esteli y Matagalpa, así como el presidente del Instituto de Energía de Nicaragua, José Antonio Castañeda Méndez.

Con estas medidas del Tesoro, quedan congelados los activos que estas entidades y empresas puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y se les prohíbe hacer transacciones financieras con ciudadanos estadounidenses.

Joe Biden, tras la gira de Kamala Harris en Centroamérica, se mostró muy firme en el  cerco y condena total a la dictadura de Daniel Ortega que supone un golpe letal a débiles clases medias y la extensión de la pobreza y la pobreza extrema en Nicaragua, la misma situación que se está viviendo en Cuba.