El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno aceptó la competencia para investigar a Volkswagen por el fraude de los motores trucados y ha imputado a la empresa alemana. La Fiscalía solicitó esta investigación al apreciar tres delitos, estafa, fraude de subvenciones y delitos contra el medio ambiente, después de que varias asociaciones presentaran querellas.
La compañía alemana de automóviles, como reconoció, manipuló los motores de vehículos para que detectaran cuando estaban siendo examinados y emitieran en ese momento menos emisiones contaminantes.
El magistrado señaló el próximo 10 de noviembre, a las 10:30 de la mañana, para que Volkswagen se persone en el proceso penal. La compañía, imputada como persona jurídica, deberá designar entonces a una persona que la represente ante el juez, así como un abogado y un procurador.
El juez acepta llevar a cabo las actuaciones pedidas por la Fiscalía, quien pidió, entre otras cosas, que la compañía aporte la relación de vehículos afectados en España, porque son «pertinentes y necesarias» para esclarecer los hechos. Asimismo, aceptó la personación como acusación popular del sindicato Manos Limpias y de varias asociaciones.
El juez, que hace suyos los argumentos del Ministerio Público, considera que la estafa de la compañía alemana causó un perjuicio económico “a una generalidad de personas en el ámbito territorial de más de una Audiencia”, es decir, en varias partes de España, donde fueron vendidos unos 600.000 coches de los que sufrieron la manipulación. Esta dimensión nacional es la razón que justifica que la Audiencia Nacional tenga competencia.
La compañía de automóviles engañó a los consumidores al hacerles creer que los vehículos que compraban eran más «verdes» de lo que eran en realidad. “En condiciones normales, estarían emitiendo gases contaminantes muy por encima de los límites permitidos (podrían superar en 40 veces dicho máximo), lo que les inhabilitaría para circular, con el consiguiente perjuicio para su titular”, explicó la Fiscalía.
El juez, quien fija una fianza de 5.000 euros a cada una de las acusaciones populares para aceptarlas en el proceso, explica que las diligencias solicitadas por la Fiscalía son “de absoluta trascendencia” para la investigación. Esta investigación se una a las que ya han abierto otros países como Francia o Alemania.
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