La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, insistió en que la reforma aprobada en España no genera impunidad.
Hizo estas reflexiones en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros al ser preguntada por la polémica generada con la aplicación de la reforma legal que restringe la jurisdicción universal en España y que ha provocado -asunto que trató Hechos de Hoy– la excarcelación de 43 narcotraficantes, y por las críticas de jueces de la Audiencia Nacional a la nueva norma.
Explicó que "en un sistema de división de poderes el Parlamento aprueba las leyes, el Ejecutivo tiene la obligación de hacerlas cumplir y los jueces de aplicarla y los procedimientos en los que se estime que una ley pueda no ajustarse a la Constitución están ahí". "A cada uno de los poderes nos corresponde respetarnos entre nosotros, respetar las decisiones que adoptan los otros, en este caso entre el poder legislativo y el poder judicial", destacó la vicepresidenta.
Señaló que "a los jueces les corresponde juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y a las Cortes Generales aprobar las leyes que los jueces aplican y los mecanismos en el caso de dudas sobre la legislación están legalmente previstos". "Aquí nadie puede considerarse al margen de lo que es la división de poderes", recalcó.
Recordó que el objetivo de esta reforma es que los delitos de persecución universal, sin perjuicio de otras particularidades, queden vinculados a que la víctima sea española, que el presunto culpable sea español o se encuentre en España pendiente de extradición y en el caso del narcotráfico que el destino u origen del cargamento sea España.
"Las dificultades se plantean cuando se trata de juicios por barcos capturados en aguas internacionales no españolas, sin tripulantes españoles y en algunos de los casos que ni siquiera se dirigían a España", aclaró en referencia a los últimos casos. Precisó que "eso no quiere decir que estos delitos tengan por qué quedar impunes pues las autoridades españolas cuando tienen conocimiento de la comisión de un delito fuera de su jurisdicción pueden denunciarlo ante la justicia del país competente".
