Sacyr entrega este martes a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) la obra del tercer juego de esclusas de la vía interoceánica que une el Atlántico (Mar Caríbe) y el Pacífico, proyecto que ha requerido casi siete años de trabajo y ha costado unos 5.000 millones de euros.
Unos 10.000 trabajadores de 40 nacionalidades han participado en esta obra de construcción de dos complejos de esclusas de tres niveles cada una con tres tinas de reutilización de agua por nivel, una en el lado del Pacífico y otra en el Atlántico.
Para la ampliación del Canal de Panamá, que permitirá una mayor intensidad y frecuencia de paso de buques y que éstos sean de mayor tamaño, se han empleado 4,5 millones de metros cúbicos de hormigón (2,1 pirámides de Keops) y 220.000 toneladas de acero (22 torres Eiffel).
El próximo 26 de junio se inaugurará el tercer juego de esclusas del Canal, con el paso de un buque de la empresa china Cosco. La coincidencia con las elecciones generales en España no hará posible la asistencia ni del rey Felipe VI ni del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, a un acto al que está prevista la asistencia de unos 70 jefes de Estado y de Gobierno.
El consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), en el que además de Sacyr participan la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa, estima en 5.581 millones de dólares (unos 5.000 millones de euros) el coste del proyecto.
El precio del contrato con la Autoridad del Canal de Panamá asciende a 3.192,7 millones de dólares (unos 2.861 millones de euros), a lo que se unen 465 millones (417 millones en euros) adicionales por las reclamaciones por sobrecostes que ya se han reconocido. Estos alrededor de 3.600 millones de dólares (unos 3.230 millones de euros) son de seguro cobro para el consorcio.
Además, GUPC tiene reclamaciones interpuestas por un valor de 2.846 millones de dólares (2.230 millones de euros) en las tres instancias que se recogen en el contrato: la primera en la ACP, la segunda en la Junta de Resolución de Disputas (DAB, por sus siglas en inglés) y la tercera en la CCI, un tribunal de arbitraje con sede en Miami.
Una vez entregado el proyecto, quedará pendiente una "lista de remates" que supondrá que sigan en Panamá unos 400 trabajadores durante cuatro meses.
Además, las obligaciones de mantenimiento rutinario acordadas durante tres años supondrán el trabajo de otras 200 personas, y la desmovilización de todas las plantas industriales que se han puesto en marcha para la ejecución de la obra necesitará de otros 200 trabajadores.
