Rodrigo Rato, imputado por la posible comisión de varios delitos en el manejo de su patrimonio personal, fue citado este mismo miércoles para comparecer ante el juez que investiga el caso. Sin embargo, el exvicepresidente del Gobierno se acogió a su derecho constitucional a no declarar.
¿Los motivos? Rato asegura que no hablará hasta que la Oficina Nacional de Información del Fraude (ONIF) elabora y presente su informe sobre la documentación que le incautó durante el registro de su domicilio y su despacho.
De esta manera, Rodrigo Rato entró en los juzgados de la plaza de Castilla de Madrid hacia las 10.30 horas por el garaje reservado a los funcionarios por recomendación de la Jefatura de Policía para evitar incidentes con los preferentistas y pequeños ahorradores que suelen increpar a los expresidentes de Caja Madrid y Bankia en actos públicos o comparecencias judiciales.
Posteriormente, el exministro de economía estuvo en la sala del juzgado de instrucción número 31, del que es titular el juez Antonio Serrano-Arnal, durante aproximadamente media hora. Según fuentes judiciales, el expolítico y financiero se mostró dispuesto a prestar declración, colaborar con la investigación y a acudir a los juzgados tantas veces como sea necesario.
Algo que posteriormente no cumplió puesto que alegó no conocer el contenido detallado de los hechos y no existir todavía el informe de la información que los agentes de Aduanas se llevaron de su domicilio y de su despacho durante el registro del pasado abril, que Rato contempló detenido.
La actuación que está llevando a cabo la Oficina Antifraude, tildada de apresurada y endeble, está marcando de hecho la estrategia de defensa de la abogada de Rato. De hecho, la inspectora jefe de la ONIF se desvinculó el pasado lunes al declarar como testigo del informe preliminar que dio origen a la investigación elaborada por dos de sus funcionarios.
Hay que recordar que la Fiscalía de Madrid, a raíz de ese informe de la ONIF, acusó en abril al ex vicepresidente del Gobierno de cinco delitos fiscales por supuestos impagos a Hacienda, un delito de blanqueo y otro de alzamiento de bienes a través de un complejo entramado societario.
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