Malas noticias para Podemos. El secretario de Política del partido de Pablo Iglesias, Iñigo Errejón, fue suspendido provisionalmente de empleo y sueldo por la Universidad de Málaga, en la cual realiza tareas de investigación, al mismo tiempo que le han abierto un expediente disciplinario, al igual que al también dirigente de Podemos y profesor responsable de la investigación, Alberto Montero.
Esta decisión deriva del expediente informativo que inició esta institución el pasado 21 de noviembre para aclarar si Errejón incumplió sus obligaciones laborales y si vulneró la Ley de Incompatibilidades al participar en un proyecto de investigación. La resolución agota, de esa manera, la vía administrativa, aunque se puede interponer un recurso de reposición en el plazo de un mes ante la rectora, Adelaida de la Calle, que firma el documento.
Hay que recordar que el expediente informativo pretendía comprobar si Errejón estaba en su puesto de trabajo y durante su desarrollo se han reunido indicios de comportamientos que no se ajustarían a lo acordado. Por el contrario, en el caso de Montero, el expediente se formuló por su obligación de supervisar y controlar el cumplimiento de la tarea como responsable del proyecto.
Antes de realizarse la medida cautelar de la suspensión de funcionas a Errejón, contratado en régimen laboral hasta el 16 de diciembre como investigador externo, pueden llegar a alegar lo que considere oportuno tanto él como el comité de empresa en un plazo de diez días. El objetivo del expediente disciplinario es esclarecer los hechos denunciados y la determinación del alcance de los mismos.
El procedimiento disciplinario se estructurará atendiendo a los principios de eficacia, celeridad y economía procesal; se oirá a los afectados, que podrán aportar la documentación que consideren, y, en caso de demostrarse los hechos denunciados, se adoptará una resolución en forma de sanciones.
Dicho expediente informativo se abrió en su día en relación con el cumplimiento del contrato laboral hecho por Errejón con cargo al contrato de servicios suscrito por la Universidad con la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, dependiente de la Consejería de Fomento y Vivienda, para el proyecto investigador.
El proyecto se denomina La vivienda en Andalucía: diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda, y Montero solicitó su elaboración en una convocatoria de la Consejería y le fue concedida. El proyecto preveía contratar un investigador externo y la Universidad de Málaga lo hizo a través de una convocatoria pública, por lo que fijó un perfil que exigía ser doctor en Ciencias Políticas y a la que únicamente concurrió Íñigo Errejón.
