Un jueves 14 de altas tensiones en el Congreso de los Diputados.
El PNV ha irrumpido en la crisis que enfrenta al Gobierno de Pedro Sánchez. El PNV no quiere abrir una crisis de gobierno en canal y provocar el colapso de la legislatura pero ha advertido a La Moncloa sobre tres lñineas rojas: luz, AVE e ingreso mínimo vital.
La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró en el Pleno del Congreso que el Gobierno no quiere aplicar el recorte de beneficios extraordinarios a las eléctricas por la escalada de precios en el gas cuando suministren energía a las industrias a "precios razonables".
Concretamente, ha afirmado que el objetivo es no aplicar este recorte a "quienes garanticen exnovo precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas", con el fin de "impulsar la cobertura de precios razonables para la industria".
Antes, la vicepresidenta ha anunciado su intención de "completar" este plan de choque "en las próximas semanas" con "medidas adicionales que garanticen la cobertura con contratos bilaterales y precios razonables para los consumidores industriales" y también "reforzar la posición" de aquellos consumidores vulnerables acogidos al bono social.
Ribera ha incidido en que "las previsiones de septiembre (cuando se aprobó este decreto ley) han quedado desfasadas", algo que "obliga a revisar medidas adoptadas ya" y "adaptarlas".
Lo subrayó durante la defens del decreto ley con un plan de choque frente a la escalada de precios de la electricidad, y cuya principal medida es el recorte a los beneficios extraordinarios de aquellas tecnologías que sin asumir el sobrecoste del gas en los mercados internacionales han recibido retribuciones muy por encima de sus costes de generación por este alza.
Ribera ha subrayado el carácter temporal de esta medida, hasta el próximo 31 de marzo, que el recorte es proporcional a la cotización del gas y que, en todo caso, no se aplica a aquellos casos en los que no se haya interiorizado en sus ventas de energía el sobrecoste del gas natural, ni a quien "haya garantizado precios estables antes de la escalada".
La vicepresidenta ha explicado las causas que han provocado un encarecimiento del gas en los mercados internacionales y ha esgrimido que esta causa "no puede traducirse en un incremento de toda la electricidad", por lo que cree que mantener el actual mercado marginalista "no es viable" ante una situación de este tipo que se prolongue en el tiempo.
"Sobre todo cuando los costes reales de generación no se corresponden con el incremento de precios medios del sistema", ha insistido Ribera.
Las estimaciones del Gobierno recogen que cada encarecimiento en 1 euro/MWh en el precio del gas supone en los mercados mayoristas 2 euros/MWh más, y todo ello independientemente de "cuánta energía barata" hubiera en el 'pool', debido al funcionamiento de este modelo.
El Pleno del Congreso debe pronunciarse sobre el decreto ley que obliga a las compañías eléctricas a devolver parte de los beneficios extraordinarios que obtienen al repercutir en su generación un sobrecoste del gas que no utilizan, un importe estimado por el Gobierno en 2.600 millones de euros.
Para sacar el decreto adelante, el Gobierno cuenta con los grupos que han venido reclamando desde antes actuar contra la sobrerretribución que reciben las centrales de generación, con menores costes operativos y que, sin embargo, venden su electricidad acorde a la escalada del precio del gas y los derechos de emisión.
A los 155 votos que suman PSOE y Unidas Podemos, el Gobierno busca sumar los votos de Esquerra Republicana (13), y EH-Bildu (5), Más-País Equo (2), la CUP (2), Compromís (1), BNG (1) y Nueva Canarias (1).
Un total por encima de la mayoría absoluta, sobre los 180 votos, sin descartar todavía el apoyo de Junts, el PRC o Teruel Existe, frente al previsible rechazo del PP (88 diputados), Vox (52), Ciudadanos (9), UPN (2) y Foro Asturias (1).
Desde el PNV (6), socio prioritario del Gobierno, prefieren no adelantar posición al respecto, mientras que el PDeCAT sólo ha adelantado que no votará a favor.
