Los inmigrantes irregulares volverán a tener derecho a la atención primaria en el Sistema Nacional de Salud (SNS) pero no recuperarán la tarjeta que les fue retirada con la aprobación de la reforma sanitaria en 2012. Así lo anunció el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso.
El líder de la Sanidad defendió dicha decisión por “cuestiones de salud pública”, porque es “más práctico” y para “no saturar las urgencias”. “Lo vemos ya con mucha claridad y trabajamos en eso, estamos dispuestos a dar un paso, creo que no tiene sentido que no puedan ser atendidos en atención primaria”, sostuvo.
Sin embargo, manifestó estar “completamente en contra» de que los ´sin papeles´ sean titulares de una tarjeta sanitaria que "les daría un derecho en Europa que no existe en ningún otro país”. Asimismo, dejó claro que no es partidario de retirar otras medidas de la reforma como el copago farmacéutico pese a que, según el Gobierno, la economía se está recuperando.
Para hacer frente al coste de los tratamientos innovadores que puedan surgir en un futuro cercano para enfermedades como el cáncer o la diabetes, tal y como ocurrió con la hepatitis C, adelantó que el Ministerio de Hacienda trabaja en la creación de un fondo que financie el gasto autonómico en farmacia, que no podrá superar el PIB.
El fondo en cuestión no incluirá la financiación de los 727 millones destinados a costear los nuevos fármacos para la hepatitis C porque se trata de “una situación excepcional que requiere una solución excepcional. Respecto a la posibilidad de abrir un debate sobre las patentes de los medicamentos para abaratar los precios, Alonso afirmó que “el discurso facilón de demonizar a la industria no lleva a ningún lado”.
También defendió que asegurar la equidad en el SNS es una de las “más importante razones de ser del Ministerio”, ya que reconoce que hay diferencias en el acceso de los ciudadanos a las prestaciones sanitarias dependiendo de la comunidad autónoma en la que vivan. Para conseguir esa igualdad, Alonso abogó por dotar al Consejo Interterritorial de Salud de mayor poder para que sus decisiones “sean realmente ejecutivas”.
Asimismo, anuncia que se adoptarán medidas para eliminar las dificultades en la derivación de pacientes a los centros de referencia de determinadas enfermedades y entre las autonomías. Ante las críticas de la Organización Médica Colegial (OMC) a que las enfermeras puedan indicar medicamentos no sujetos a receta médica, Alonso pidió a los médicos que “no arrimen el ascua a su sardina” y que “no sientan miedo” porque los profesionales de la enfermería no quieren “meterse en el terreno de otro, ni asumir responsabilidades que no les corresponden”.
“Nosotros no vamos a dar luz verde a una prescripción enfermera; para decirlo de una manera explícita: aquí prescribe quien diagnostica”, matizó. Alonso recordó que el grupo popular en el Congreso registró una proposición de ley para reformar la ley del aborto con el fin de que las menores no puedan interrumpir su embarazo sin el consentimiento paterno, mientras espera que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso que el PP presentó contra la ley actual.
