En las últimas décadas, la percepción social y judicial de las personas con trastornos mentales que cometen delitos como homicidios ha cambiado. Inicialmente, las personas con problemas de salud mental eran consideradas peligrosas. Sin embargo, desde finales del siglo xx, el paradigma ha cambiado tanto social como judicialmente, ya que, en muchas ocasiones, también son consideradas víctimas, a pesar de haber incurrido en delitos dolosos.
Homicidios cometidos por personas con trastorno mental
En este nuevo contexto, un equipo de investigadores de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha analizado los homicidios perpetrados en España para caracterizar los cometidos por personas con un trastorno mental, estudiar los factores que determinan a las víctimas y examinar las compensaciones que se dictaminan en los procesos judiciales.
“El noble propósito de evitar la estigmatización de las personas con trastornos mentales como peligrosas lleva a ocultar también el grave problema de quienes son víctimas reales de esta violencia o tienen un mayor riesgo de serlo”, detalla Josep Maria Tamarit, catedrático de Derecho Penal de la UOC y coordinador del grupo de investigación VICRIM (Victimología empírica y aplicada) y de esta investigación junto con las profesoras Laura Arantegui y Alba Marsol, pertenecientes al mismo grupo. Los tres son, además, docentes de los Estudios de Derecho y Ciencia Política.
Análisis de 2.500 homicidios en una década
Durante el trabajo, los investigadores, adscritos al Centro de Investigación en Transformación Digital y Gobernanza (UOC-DIGIT), evaluaron mediante revisión más de 2.500 casos de homicidio juzgados por los tribunales españoles. De todos ellos, en el 10 % estaban involucrados autores con algún trastorno mental. Además, se destaca que, en la gran mayoría de los casos, los ataques letales con resultado de homicidio provocados por personas que padecen algún tipo de trastorno mental se produjeron en el ámbito familiar, con un 26 % de parricidios.
Según los expertos, este estudio tiene como primer objetivo conocer una realidad hasta el momento ignorada, como es la falta de reconocimiento y compensación a las víctimas de violencia letal cometida por personas con trastorno mental. Se trata de una cuestión invisibilizada por los esfuerzos por prevenir la estigmatización de los agresores. Además, en este estudio se constata que las víctimas de este tipo de crímenes recibieron indemnización o compensación en un número reducido de casos. Una desventaja atribuible en gran medida al carácter intrafamiliar de la mayoría de los hechos.
Los lazos familiares, el mayor riesgo
El problema es complejo. Por un lado, cuando una persona con un trastorno mental agrede a un familiar con intención, quedan tanto secuelas físicas como psíquicas. Además, el resto de los familiares también se ve afectado. Sin embargo, debido a ese sesgo de evasión de la estigmatización, en muchas ocasiones el agresor es absuelto o condenado a una pena mínima.
Las víctimas, tanto directas como indirectas, se quedan sin percibir indemnización alguna. “Los familiares son los más expuestos porque son quienes tienen mayor contacto con los agresores. La sociedad deja el problema en manos de las familias. Además, hay que tener en cuenta la tensión que se produce en las relaciones familiares, intensificada por el estrés que puede generar la convivencia con personas que tienen este tipo de trastornos”, apunta Tamarit, que detalla que estas víctimas “no reciben un apoyo suficiente de las instituciones”.
Mejorar la detección de los casos de riesgo
De este modo, esta coyuntura judicial y contextual puede “considerarse un fallo sistémico” porque las víctimas no resultan compensadas. Es más, en ocasiones, para obtener una compensación efectiva, tienen que contratar a un abogado y ejercer la acusación particular contra un familiar con trastorno mental.
“No tenemos datos para reportar fallos concretos, pero si pensamos que más de un 10 % de los homicidios son cometidos por personas que representan no más de un 2 % de la población y cuya problemática de salud mental es conocida por el sistema de salud, deberíamos ser capaces de mejorar la detección de los casos de riesgo y el seguimiento de los individuos y sus familias”, advierte el investigador de la UOC.
Medidas preventivas y de reparación
Con el objetivo de evitar este tipo de homicidios, especialmente en el ámbito familiar, se deben potenciar el apoyo del sistema público de saluda las familias y la atención que incluya el seguimiento de los casos en los que se detecte riesgo.
A juicio de los expertos, es fundamental dar un nuevo giro al paradigma de la victimización y dirigir la atención a las características específicas de esta modalidad, que se experimenta con frecuencia en el círculo familiar más cercano del autor.
“Es necesario intensificar el seguimiento de los casos por parte del sistema de salud, aplicar instrumentos de predicción del riesgo y mejorar el sistema público de ayudas a las víctimas de delitos violentos. Si bien se han introducido varias reformas de mejora en los casos de violencia de género, otras necesidades han permanecido hasta ahora ignoradas”, concluye Tamarit.
