La Junta de fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado por amplia mayoría que hay indicios suficientes para imputar por terrorismo a Carles Puigdemont en la investigación de Tsunami Democràtic, tal y como reclama el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón.

La Junta de fiscales de Sala del Tribunal Supremo frenó el intento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de influir en el enfoque del informe con el que el Ministerio Público debe posicionarse sobre la imputación de Carles Puigdemont por terrorismo. Avaló investigar al expresidente prófugo por dicho delito y admitió la competencia del Tribunl Supremo para hacerlo.

De nuevo la Ley de Amnistía en primer plano en revés personal para Pedro Sánchez en plena campaña electoral gallega apuntaron analistas políticos a Hechos de Hoy.

Según confirman fuentes fiscales, doce de los integrantes de la Junta aprecian la existencia de indicios de un delito de terrorismo mientras que otros tres se han mostrado en contra.

En cuanto a Puigdemont, 11 fiscales de los 15 advierten indicios suficientes para investigarlo, al igual que en el caso del diputado de ERC huido a Suiza Ruben Wagensberg. En esta votación, cuatro fiscales no comparten esa conclusión. La reunión, presidido por Fidel Cadena y Joaquín Sánchez-Covisa, se ha prolongado más de tres horas.

La Fiscalía General del Estado señaló que “ante las discrepancias entre los dos fiscales jefes de la Junta, y conforme al criterio de los cuatro fiscales jefe de lo Penal, ambos han elevado estas discrepancias a su superior jerárquica, la teniente fiscal del Tribunal Supremo”.

Será por tanto María de los Ángeles Sánchez Conde, cargo de máxima confianza del fiscal general, la encargada de fijar la posición de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Aunque la decisión de abrir una causa penal contra Puigdemont está en manos del magistrado Juan Ramón Berdugo