Una gran atención internacional sobre la hipótesis de la imputación penal que planea que planea sobre Pedro Sánchez y también el PSOE.
Sánchez negó en Roma -como informó Hechos de Hoy-, al conocer la entrada de la UCO en la sede del PSOE, que no habrá elecciones hasta el verano del 2027. Pero calló antes la cuestión clave que preocupa gravemente en España y el resto de la Unión Europea. ¿Qué estabilidad ofrece un gobierno sin Presupuestos y al que salpican tantos casos de corrupción?
Bajo la presión de sus socios. Sánchez pidió comparecer en el Congreso de los Diputados tras los escándalos de Zapatero y la fontanera. Pero no acudirá hasta dentro de un mes. La oposición y los socios de su gobierno exigen la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones.
El auto de la línea roja
La entrada de agentes de la UCO en la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, sin duda ha supuesto un gran cambio sobre la corrupción que atenaza a La Moncloa.
Las joyas descubiertas por la UDEF en la caja fuerte del despacho de Zapatero provocaron un escándalo, el joyazo. Pero la entrada de la UCO en Ferraz ha golpeado directamente al corazón del PSOE.
Es muy importante el auto del juez Santiago Pedraz en el que se autorizó, entre otros objetivos, la entrada de la UCO en Ferraz (12 horas de investigación). Ya puede considerarse este auto, como se ha destacado en la escena jurídica, como uno de los documentos judiciales más graves en la historia de la democracia en España.
Las cuestiones claves de este auto:
1. En el llamado proceso de reflexión del presidente del Gobierno, al estallar el caso Begoña Gómez (del 24 al 29 de abril de 2024), se creó una organización liderada por Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, con la participación activa, entre otras personas, de Leire Díez –la llamada fontanera de Ferraz– y de Vicente Fernández (expresidente de la SEPI, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). El objetivo de esta organización se centraba en desmontar las investigaciones sobre el presidente del Gobierno y su círculo más íntimo.
2. El PSOE financió la operación. Se recurrió a extorsión, amenazas y maniobras para desprestigiar a los agentes al frente de las investigaciones.
3. Se actuó como una mafia o una organización criminal.
4. El auto del juez identificó en esta trama a Gaspar Zarrías; los empresarios Pérez Dolset y Antxón Alonso; y abogados como Jacobo Teijelo.
5. Se intentó destruir al jefe de la Fiscalía, Alejandro Luzón.
6. Hubo una campaña para apartar al teniente coronel Balas y al coronel Sánchez Corbí (ex jefe de la UCO).
7. Todas las acciones contaron con la autorización del número tres del PSOE y con conocimiento de La Moncloa, o directamente del presidente Sánchez, como revela la propia Leire Díez en alguna de sus conversaciones.
