José María Marín Quemada, actualmente vocal del Banco de España, presidirá la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), el nuevo superregulador, cuyo ámbito de actuación se extenderá a varios sectores de actividad. El nombramiento de Marín Quemada para presidir la CNMC se debe a su "independencia y su prestigio profesional", según fuentes oficiales.

La CNMC, cuya regulación fue aprobada por las Cortes el pasado mes de mayo y que el Gobierno se comprometió a poner en marcha el 5 de octubre, unifica a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), el Comité de Regulación Ferroviaria, la Comisión Nacional del Sector Postal (CNSP), la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria (CREA) y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA).

El Consejo de Ministros apruebe este viernes, el reglamento que determina las funciones y regular el funcionamiento de este nuevo superregulador. Para su funcionamiento se nombrará a los diez consejeros del Pleno por mandatos improrrogables de seis años, y su renovación se producirá parcialmente. El nombramiento se hará a propuesta del Ministerio de Economía aunque la Comisión de Economía del Congreso tendrá potestad para vetarlos.

Ahorro de 28 millones de euros anuales

La CNMC trabajará con dos salas, cada una con cinco miembros nombrados por el Pleno y que deberán ir rotando según la periodicidad que se determine. La Sala de la Competencia estará presidida por el presidente, mientras que la Sala de Regulación Sectorial la dirigirá el vicepresidente. Ambas conocerán todos los asuntos y, reglamentariamente, se determinará las materias sobre las que, correspondiendo a una, se debe mantener informada también a la otra.

Además habrá cuatro directores de instrucción nombrados por el Pleno y no por el Gobierno, que asegura que todos los miembros de la CNMC serán "profesionales de reconocido prestigio". Aunque la sede principal de la Comisión estará en Madrid, se mantendrá en Barcelona la Dirección Estratégica de Telecomunicaciones y Servicios Audiovisuales, y se deja abierta la posibilidad de establecer más subsedes en otras ciudades. Según el Gobierno, con la puesta en marcha de este nuevo organismo se ahorrarán 28 millones de euros anuales.