La Audiencia de Barcelona ordena el ingreso inmediato en prisión del empresario andorrano Fidel Pallerols y el exsecretario de Organización de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) Vicenç Gavaldà. Ambos están condenados por la financiación ilegal del partido democristiano, tal y como afirman fuentes judiciales.
Dicha decisión se produce después del Consejo de Ministros decidiera el pasado mes de marzo no otorgarles el indulto, tal y como habían solicitado hace un año. Y aunque la condena es inferior a dos años de prisión, y habitualmente el tribunal suspende la entrada en prisión a las personas sin antecedentes, en este caso ordenó su ingreso “para dar ejemplo”.
“Si Pallarols y Gavaldà no van a prisión de una manera inmediata y voluntaria se les pondrá en busca y captura”, explicaron las mismas fuentes. Tras llevar a cabo un pacto de conformidad, Pallerols y Gavaldà fueron sentenciados a penas inferiores a los dos años de cárcel. Un acuerdo entre las partes había evitado la celebración del juicio y, con el mismo, el fiscal había rebajado las peticiones de cárcel a menos de dos años.
Sobre todo en base a tres motivos: el primero de ellos hace mención a la reparación del año (al haber abonado lo defraudado), el segundo a las dilaciones indebidas (el fraude se produjo de 1994 a 1999) y el último, respecto al reconocimiento de que habían desviado fondos europeos para la formación de parados a través de las academias del empresario.
Dicho pacto también estableció que UDC y cuatro acusados, Pallerols, los hermanos Gavaldà y el entonces militante del partido democristiano Santiago Vallvé, devolvieran conjuntamente 388.483 euros después de demostrarse que se habían beneficiado como mínimo de esta cantidad.
Pero la Audiencia sostuvo después en la sentencia su decisión de enviar a los tres condenados a prisión basándose en que es "hasta obsceno" en el contexto actual de paro, crisis económica y casos abiertos de corrupción, que eviten la cárcel por tener penas inferiores a los dos años. Asimismo, la Audiencia emitió una sentencia de conformidad en la que obligaba a cumplir las penas de entre siete meses y año y medio de cárcel que se les impusieron, pese a carecer de antecedentes penales.
