La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha concluido en un informe que no se puede establecer una relación entre las donaciones de empresarios al Partido Popular, que recogen los manuscritos presentados por su extesorero Luis Bárcenas como supuesta contabilidad B, y las adjudicaciones públicas a esas sociedades, por lo que no habría indicios de cohecho.
Un informe elaborado para el fiscal por los funcionarios de la IGAE adscritos a la Fiscalía Anticorrupción compara las donaciones de empresarios que contienen los papeles de Luis Bárcenas con miles de contratos adjudicados por las administraciones públicas a sus empresas.
El documento llega a la conclusión de que no se puede demostrar esta relación porque se comparan unos pocos donativos que reflejan los papeles con miles de contratos remitidos a la Fiscalía por la Dirección General de Patrimonio (que envió documentos sobre trece empresas) y por las propias compañías. Según las acusaciones del caso Bárcenas -como informó Hechos de Hoy-, las empresas habrían abonado ese dinero al PP como donativo anónimo a cambio de recibir contratos públicos, lo que, de ser así, constituiría un delito de cohecho, pero por el momento ningún empresario ha reconocido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz haber entregado esas cantidades al partido.
