En los hechos de hoy, Álvaro García Ortiz se negó a dimitir arrastrando al PSOE y a Pedro Sánchez al mayor daño a España.
Conmoción en el IBEX 35, en la Comisión Europea y en los inversores internacionales por el desprecio de Pedro Sánchez a la seguridad jurídica, el Estado de derecho y los valores éticos y morales –valores cristianos– que son el fundamento de la Unión Europea, de Europa en general, los países de la Unión y las islas.
Sin duda, como ha mostrado el jefe de la Oposición, Alberto Núñez Feijóo, es la hora de poner el pie en la pared.
El sector socialdemócrata del PSOE, y los votantes en general de buena fe, hombres y mujeres del Partido Socialista Obrero Español, ya no pueden (ni deben) aceptar la consigna sanchista de que aquí no pasa nada. De que no pasa nada por sentar junto al Rey y ante el Poder Judicial a un presunto delincuente a punto de sentarse en el banquillo.
Sí que pasa. Pasa que gobierna en España un autócrata (autócrata es la persona que ejerce por sí sola la autoridad suprema en un Estado; se daba especialmente este título al emperador de Rusia) decidido a aplastar nuestro Estado de Derecho. De forma que lo que pasa en España es que llegó la hora de poner pie en pared.
Solo cuatro días después de su polémica presencia en el Tribunal Supremo en el acto de apertura del Año Judicial, el magistrado Ángel Hurtado ha enviado al banquillo a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos por la supuesta filtración de datos reservados del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
El fiscal general, que hasta ahora se ha negado a dimitir, se encuentra ahora ante una encrucijada decisiva:
a) Ir a juicio en el ejercicio del cargo, hecho insólito en la historia de la institución.
b) Renunciar a su cargo, un paso que no parece dispuesto a dar, antes de que comience en el juicio donde se enfrentará a peticiones de condena de hasta seis años de prisión.
El instructor impone a García Ortiz una fianza de 150.000 euros -al considerar excesivos los 300.000 euros que reclama la defensa de González Amador como indemnización por daños morales- para hacer frente a posibles responsabilidades civiles a las que sea condenado. Y le avisa de que, si no la consigna en el plazo de cinco días, ordenará el embargo de sus bienes.
Dimitir, obligación moral y ética
La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, reclamó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que exija al Fiscal General del Estado su dimisión para cumplir con la democracia.
El jefe de la Oposición y presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que si Pedro Sánchez no exige la dimisión del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien se le ha abierto juicio oral en el Tribunal Supremo, “le acompañará hasta el banquillo”.
Feijóo ha insistido en que la degradación institucional a la que Sánchez somete al España es insoportable. “Con el procesamiento del fiscal y del hermano de Sánchez, en prisión el número do» del PSOE (Santos Cerdán) e imputados su mujer y su ex mano derecha, es evidente que la limpieza de este país pasa por cambiar al presidente del Gobierno. Y lo haremos”.
Ester Muñoz subrayó que Álvaro García Ortiz está tardando en dimitir y el presidente del gobierno está tardando en pedirle y exigirle su dimisión si no lo hace. A su juicio, eso es lo que ocurriría en un país democrático.
Respetando la presunción de inocencia del fiscal y su derecho a defender, García Ortiz ya debería haber dimitido por una cuestión ética y moral.
Como ha destacado Hechos de Hoy, una vez fuera del cargo, nadie podrá reprocharle que defienda su inocencia. Pero su permanencia en él constituye una anomalía predemocrática. Es impropia de un país que aspira a ser respetado como una democracia sólida con instituciones creíbles.
Nunca se debería haber llegado a esta situación. La dimisión del Fiscal General ya no es una opción. Sin duda es una obligación moral y política.
La intervención completa de la presidenta contra el Fiscal General
