No hay marcha atrás. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ha mantenido este jueves la multa de 151,8 millones de euros impuesta a Telefónica por la Comisión Europea (CE) en 2007 por abuso de posición dominante en el mercado español de acceso a Internet de banda ancha.
De esta manera, la máxima instancia judicial comunitaria desestima el recurso de anulación que presentó España contra la decisión tomada por el Ejecutivo comunitario, que ya fue rechazado por el Tribunal General.
Asimismo, la decisión de la Corte con sede en Luxemburgo contradice la recomendación de uno de sus ocho abogados generales, que aconsejó en más de una ocasión que se revisase el caso ya que consideraba que el Tribunal General no había examinado con suficiente profundidad el cálculo de la multa impuesta.
Los jueces del Tribunal de Justicia entienden que el Tribunal General llevó a cabo un control en profundidad de la decisión de la Comisión, que además estaba suficientemente motivada ya que Bruselas demostró la existencia de efectos contrarios a la competencia y no se violó el principio de igualdad de trato, tal y como explica la compañía.
Tras recibir la denuncia de Wanadoo, la CE concluyó en 2007 que Telefónica había abusado de su posición dominante entre septiembre de 2001 y diciembre de 2006 al imponer precios no equitativos respecto a sus competidores. Concretamente, explicó que Teléfonica “había estrechado los márgenes entre los precios minoristas de acceso a la banda ancha en el mercado español de los consumidores en general y los precios mayoristas de acceso a la banda ancha a escala regional y nacional”.
Asimismo, la CE confirmó que se trataba de un abuso de posición virtualmente monopolística que debía ser calificado de "muy grave", y como consecuencia de ello reclamó a Telefónica una multa de 151,8 millones de euros, cuyo importe de base para el cálculo se fijó en 90 millones de euros.
Como era de esperar, la compañía recurrió la decisión primero ante el Tribunal General de la UE, que también dio la razón a la Comisión, y después ante el Tribunal de Justicia de la UE del que tampoco tuvo una respuesta favorable.
Por su parte, Telefónica defendió su actuación y la del organismo regulador español, la antigua Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), al afirmar que mantuvo "su total y escrupuloso respeto" a la regulación de telecomunicaciones impuesta en el momento de los hechos por el supervisor.
