Es un culebrón político de largo recorrido en la escena política de Colombia. El presidente Juan Manuel Santos ha procurado guardar una línea de equilibrio para que el caso Petro no envenene otros escenarios.
Todo comenzó en diciembre de 2013. La Procuraduría General de Colombia se pronunció por la destitución de Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, en base a ilegalidades en la reforma del sistema de recogida de basuras. Gustavo Petro lo denunció como fallo desproporcionado asegurando que se trataba de todo un golpe propiciado desde la derecha. Puso su defensa en manos de los tribunales en un caso de zigzag que ha destacado Hechos de Hoy.
En el antepenúltimo capítulo, Juan Manuel Santos designó como alcaldesa a María Mercedes Maldonado para permanecer en el cargo hasta nuevas elecciones. Pero ante un fallo del Tribunal Superior de Bogotá devolvió la alcaldía de Bogotá a Gustavo Petro. Lo anunció durante la toma de posesión de Patricia Salazar Cuellar y Álvaro Fernando García Restrepo como magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
"Los jueces me ordenan restituir al alcalde Petro y he firmado el decreto correspondiente", anunció Juan Manuel Santos. "Como ustedes saben, como lo he dicho desde el primer día en que se inició este proceso, para mí las normas de conducta, mi guía ha sido una muy sencilla, muy clara: cumplir con la Constitución que juré precisamente cumplir, con las leyes y defender la institucionalidad", explicó.
Llamó también a una seria reflexión. "Creo que esta es una oportunidad para que todos reflexionemos acerca de la regulación del ejercicio de los mecanismos de defensa judicial y del uso de la tutela. En este caso su uso indiscriminado, puede conducir a un escenario de inseguridad jurídica y puede conducir inclusive a un caos administrativo y político", advirtió Juan Manuel Santos.
