Un episodio de alto voltaje que mostró en los hechos de hoy, martes 18, el daño de Pedro Sánchez a las instituciones y la forma de su asalto primero al Poder Legislativo y luego al Poder Judicial.

La cúpula fiscal se fracturó y decidió por un voto avalar la tesis de Álvaro García Ortiz en la amnistía. La votación quedó con 18 votos a favor de García Ortiz, 17 a favor de la tesis de los fiscales del procés y una abstención. La teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y el fiscal de Sala jefe de lo Penal, Joaquín Sánchez-Covisa suplirán a los cuatro fiscales del procés.

Un episodio, indicaron fuentes judiciales a Hechos de Hoy, que mostró la forma en la que la Junta de Fiscales de Sala ha sido colonizada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz y su predecesora Dolores Delgado. Avaló la amnistía total del Gobierno de Pedro Sánchez a los golpistas del referéndum del 1 de octubre de 2017 (los sucesos conocidos como el 1-O).

Este martes se reunió la cúpula fiscal después de que los cuatro fiscales del 1-O –Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno– invocaran el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).

El fiscal general les ordenó, en contra de su criterio, aplicar la Ley de Amnistía a todos los procesados y condenados por el referéndum ilegal. El criterio de los fiscales era que no se podía aplicar la amnistía del Gobierno al delito de malversación cometido por el expresidente fugado Carles Puigdemont; el exvicepresidente Oriol Junqueras; y los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Toni Comín y Lluís Puig porque hubo enriquecimiento patrimonial y este delito atenta contra el Derecho de la Unión Europea.

Finalmente, 19 fiscales de Sala han secundado el criterio del fiscal general del Estado, incluyendo al propio Álvaro García Ortiz; 17 fiscales han apoyado la tesis de los fiscales del procés, y sólo el fiscal Antonio Vercher se ha abstenido en la votación.

Por su parte, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón y la ex fiscal general del Estado María José Segarra han secundado también la postura de los fiscales del procés.

Dolores Delgado ha participado en la votación, ya que el Ministerio de Justicia aún no ha ejecutado la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que anuló su designación como fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos.

Sin el voto del fiscal general y de Delgado, se habría producido un empate a 17 votos. Tras el informe de la Fiscalía, la Sala Penal del Tribunal Supremo tiene la última palabra.

La Junta, integrada por 38 miembros, está compuesta mayoritariamente por fiscales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenece el propio García Ortiz; 17 frente a los nueve de la Asociación de Fiscales; y once no asociados. En la reunión han participado de forma presencial 34 fiscales. Otros dos lo han hecho de forma telemática y dos más han excusado su asistencia por razones médicas.

El monólogo de Rafa Latorre