El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, presentó una proposición no de ley en el Congreso en la que pide que apoye "sin fisuras" la labor de jueces y fiscales, reclamando expresamente al Gobierno que preste "todo su apoyo y asistencia" a Pablo Llarena, juez del Tribunal Supremo.
Muy seria inquietud de Ciudadanos y Partido Popular (PP) por el peligroso equilibrio de Pedro Sánchez entre la política de mano blanda con el golpismo de Carles Puigdemont (y de Quim Torra y PDeCAT) y la defensa de los intereses de España representados por el juez Pablo Llarena.
Después de intensos días en los que se ha cuestionado el abandono por parte del Gobierno del juez Pablo Llarena ante los tribunales europeos, el Gobierno rectificaba y anunciaba que le arroparía poniendo en marcha "todos los mecanismos necesarios" para defender la soberanía jurisdiccional española en la demanda presentada contra él en Bélgica por el expresidente peófugo, Carles Puigdemont, y otros cuatro consejeros huidos.
"Es una rectificación en toda regla, aunque hubiera sido deseable mayor claridad", señaló a la Cadena COPE, en el programa Herrera en COPE, Manuel Almenar, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
El presidente de la APM considera que el cambio de criterio del Gobierno que en principio se resistía a defender al magistrado ante la justicia belga, obedece a la “presión generada por asociaciones de jueces, fiscales y de todos los ciudadanos.
Durante el fin de semana distintas asociaciones de jueces y fiscales, así como líderes de partidos políticos, se han pronunciado sobre este asunto, en su mayoría reclamando al Gobierno que asumiera la defensa de Pablo Llarena.
En su opinión “la decisión adoptada el pasado jueves entrañaba unos riesgos gravísimos para nuestro país ya que permitía que un juzgado de Primera Instancia belga cuestionara la forma de actuar de la jurisdicción española y pudiera declarar la responsabilidad de un juez español por actos ejercidos en el desarrollo de su función. Atenta contra los principios básicos de cualquier estado civilizado”.
Manuel Almenar indicó que "desde el minuto uno los independentistas prófugos han intentado dinamitar el proceso penal y ha intentado internacionalizar esta cuestión". Señaló que "la demanda civil presentada ante la justicia belga se enmarcaba en el esta línea y además de ir dirigida contra una persona física encubría un claro fraude de ley porque no se pretendía cuestionar determinados actos del magistrado, sino desacreditar el trabajo de los jueces españoles a los que se les acusa a de falta de imparcialidad".
